Quito finalmente podría tener sus cables soterrados
Quito finalmente podría tener sus cables soterrados en un futuro no tan distante, tras la aprobación por parte del Concejo Metropolitano de la ordenanza número 248 que regula el soterramiento de los mismos en la ciudad.
Según informan medios de prensa, el soterramiento de cables es parte del proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria.
El mismo regula la infraestructura para las redes eléctricas, de telecomunicaciones, semaforización y videovigilancia.
En sentido general se refiere a las instaladas en los bienes de dominio y uso público.
Luz Elena Coloma, exconcejal de Quito, explicó que hasta el 2017 esta labor se financiaba con el pago de una tasa por ocupación del espacio aéreo y subterráneo.
Pero este fue declarado como inconstitucional, y generó una pérdida de cerca de USD 2 millones anuales para el Municipio de Quito.
Según reportes consultados, Coloma refiere que la nueva ordenanza contempla una norma similar.
Explica que el valor cobrado de la tasa por los servicios que se presta por el soterramiento será invertido en obras de mejoramiento del espacio público.
Inversiones deben ser equitativas
Con la implementación de la nueva ordenanza Quito finalmente podría tener sus cables soterrados.
Las autoridades prevén una planificación de 75 kilómetros de cables soterrados al año.
Esta responsabilidad será compartida con el Municipio, el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL).
También estarían la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y la Empresa Eléctrica.
Dentro del plan se supone deba existir una entidad territorial.
Esta normativa, de alguna manera, regularía y verificaría el proceso para que sea equitativo en todas las zonas de la ciudad.
O sea, las inversiones para soterrar los cables colgados en los postes deberían estar dirigidas a mejorar el espacio común.
Se incluyen en estas proyecciones tanto las zonas comerciales y de plusvalía, como las menos favorecidas.
A ello se sumarían los escenarios de los pequeños barrios o sectores deprimidos económicamente, en los que también sería un recurso para mejorar la calidad de vida.
